¿Qué pasa en Venezuela?

¿Qué pasa en Venezuela?

En el año 2016 cobró fuerza en Venezuela la propuesta de activar un referéndum revocatorio, establecido en la constitución como mecanismo de salida a la crisis política, social y económica que venía agravándose en el país incluso antes de la muerte de Hugo Chávez. En cuanto al referéndum un dato curioso: la constitución establece el referéndum revocatorio como un supuesto mecanismo de control ciudadano, que debería servir para involucrarlo más directamente en la democracia, el problema es que no hay un reglamento para su implementación, más allá de un par de requisitos. Es decir, que en Venezuela existe la figura del referéndum, pero en realidad nadie sabe cómo implementarlo, pues quien debería explicarlo, la ley, no lo hace.

Lo que hizo entonces el grupo opositor que encabezaba este proyecto fue aplicar a modo de norma consuetudinaria el procedimiento que se utilizó en el 2004 cuando se llevó a cabo el referéndum en contra del mandato de Hugo Chávez, para el que tampoco se elaboró un reglamento y básicamente se siguieron a ciegas los pasos que fue imponiendo el Consejo Nacional Electoral.

Al final en el 2016 no hubo referéndum. El régimen de Maduro y las autoridades electorales ignoraron por completo la movilización de los partidos opositores y de la sociedad civil y bloquearon el proceso. Ante esta coyuntura la gente salió a protestar a las calles en un movimiento que fue masivo y contundente, que presentó una seria amenaza para el régimen, que cuando tiene en la gente en la calle se ve obligado a reprimir y genera rechazo en un sector en el que durante años ha invertido gran cantidad de esfuerzo y dinero para preservar su imagen: la opinión pública internacional.

El presidente Nicolás Maduro, al centro de la imagen, durante un evento con sus seguidores en Caracas el 25 de octubre de 2016.

Frente a esta ola de protestas en octubre del 2016 se activó un proceso de diálogo, muy similar al que apaciguó el movimiento de La Salida en el 2014. La diferencia es que esta vez estaba presente como mediador el Vaticano. De cara a la opinión internacional, la intervención del enviado del Papa parecía una garantía, una muestra de buena fe por parte del régimen, pero para los venezolanos, testigos y víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos el resultado era de preverse. Sin ser adivinos sabíamos que pasaría lo que pasó: nada.

El diálogo no trajo ningún beneficio para los ciudadanos, se liberó si acaso un preso político, pero no mejoraron las condiciones de vida para nadie, ni se hizo un informe de lo ocurrido, ni renunciaron los responsables de las violaciones de derechos humanos, ni siquiera se sacaron a la palestra sus nombres. Ni siquiera se hizo un esfuerzo por incluir a todos los representantes de la oposición y además fracasó lo que era la única esperanza para muchos, la oportunidad de abrir un canal humanitario para paliar la crisis de alimentos y medicinas que ha cobrado miles de vidas en los últimos años. El resultado del diálogo fue uno solo: calmar y apagar la protesta.

En marzo de 2017 el Tribunal Supremo usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y consumó un golpe de estado.

El 2017 comenzó en Venezuela con escenarios muy lúgubres en lo económico, social y por supuesto político. Entre otras cosas el gobierno tampoco convocó a la elección de gobernadores y alcaldes prevista en la constitución. Eso sin hablar de las alarmantes cifras en cuanto a violencia y los indicadores económicos, por ejemplo la inflación en el 2016 fue de 550%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Frente a este desastre la gente no sabía cómo reaccionar, y existía mucha división en la oposición frente a las prioridades y exigencias que debía hacerse al régimen de Maduro, por eso daba la impresión que en Venezuela pasaba de todo, el país se desmoronaba, pero al final no pasaba nada.

Entonces, en marzo de 2017 la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió dos sentencias, la 155 y 156, que consumaron un golpe de estado al declarar nulo el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la Carta Democrática y eliminar la inmunidad parlamentaria, abriéndole el camino al régimen para perseguir diputados opositores.

Además, esta sentencia dio a Maduro poder para decretar estado de excepción bajo cualquier circunstancia que considerase oportuna. Igualmente le facultó al presidente para dictar cualquier medida civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social, le dio poder de legislar y reformar la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la Corrupción, Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar. Con esta sentencia entonces, se le dio el poder a Maduro de legislar en materia penal. En pocas palabras, el Tribunal Supremo usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y consumó un golpe de estado.

Las sentencias no terminan allí, la 156 le dio a Maduro el poder para constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos. Empresas mixtas son empresas creadas entre privados y el gobierno, en las que el gobierno siempre tendrá mayoría.

Frente a esta coyuntura se activó una nueva ola de protestas en contra del régimen chavista representado por Maduro. A medida que fue pasando el mes de abril se fueron concretando las exigencias de los partidos de oposición como expectativas al resultado de sus protestas: liberación de presos políticos, restitución de plenos poderes a la Asamblea Nacional, nuevo Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral, elecciones generales sin presos políticos ni candidatos inhabilitados, apertura de canal humanitario.

Protestas de opositores a Nicolás Maduro el 3 de mayo de 2017 en Caracas.
Las fuerzas policiales lanzan gas a manifestantes en la marcha de protesta contra Nicolás Maduro del 3 de mayo de 2017, en Caracas.
Manifestantes protestan contra la Guardia Nacional Bolivariana durante la marcha del 3 de mayo de 2017 en Caracas y se protegen con escudos de fabricación casera. La policía venezolana lanzó gas y los manifestantes respondieron con cocteles molotov durante esta marcha como respuesta al plan de Maduro de reescribir la constitución.
Un manifestante le regresa un gas lacrimógeno a la policía. durante la protesta contras Nicolás Maduro en Caracas el 3 de mayo de 2017.
Un opositor a Maduro sufre quemaduras durante las protestas de este 3 de mayo de 2017.
Otra forma de protesta en la marcha contra Maduro del 3 de mayo de 2017.

Estas exigencias se han hecho no solo en las calles de Venezuela, sino en organismos internacionales como la OEA, donde han ido cobrando fuerza, ya que cada vez más la comunidad internacional se involucra más en el caso Venezuela y está consciente de que las medidas para un cambio profundo, una renovación institucional y un restablecimiento el hilo constitucional son urgentes.

Sin embargo el régimen, como respuesta frente a las protestas y a los llamados de la comunidad internacional, decidió profundizar su proyecto de estado comunista. El día 1 de mayo anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Si bien esto está previsto en la constitución, Maduro lo hace violando lo allí establecido y consumando un fraude constitucional. En primer lugar, como presidente no tiene la autoridad de convocarla.

El régimen, como respuesta frente a las protestas y a los llamados de la comunidad internacional, decidió profundizar su proyecto de estado comunista.

Luego, el esquema que anunció a grandes rasgos viola la norma constitucional venezolana, pues Maduro contempla una Asamblea de 500 miembros: la mitad elegidos entre gremios y clases (amas de casa, militares, obreros, ciudadanos), que escogerían a sus representantes y la otra mitad mediante un proceso que no está claro y que le tocaría decidir por al Consejo Nacional Electoral. Es decir, que no se haría a través del voto universal, sino que sería una Asamblea de segundo grado.

Este último hecho implica un total desconocimiento, no solo de la expresión de los ciudadanos en las calles, sino de todo el ordenamiento jurídico venezolano y de las leyes internacionales de rango constitucional ratificados para proteger las garantías y principios democráticos.

Los venezolanos se han volcado a las calles en un país con una grave crisis humanitaria, con cifras alarmantes de violencia e indicadores económicos que demuestran una total destrucción de su aparato productivo, además de un cerco mediático que tiene a los ciudadanos aislados y desinformados, como único medio para restituir y exigir a través de un movimiento civil una transición a la democracia y la restitución de instituciones políticas que les devuelvan todos sus derechos.

*Con información de HuffPost México.